Comisiones Obreras - Federación de Enseñanza de Aragón

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La educación que queremos

sábado 9 de septiembre de 2017

#RecuperarLoArrebatado

Recuperar lo Arrebatado

Recuperar lo Arrebatado

CAMPAÑA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS y Recuperación de los Derechos Arrebatados
AREA PUBLICA DE CCOO
 
Los servicios públicos son clave para preservar el Estado de Bienestar y garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio real de los derechos para el conjunto de la ciudadanía. Los Servicios Públicos suponen un pilar básico de la democracia y una herramienta fundamental en la redistribución de la riqueza.
Las actuaciones y movilizaciones en defensa de los servicios y de las empleadas y empleados públicos, es una constante en la actividad federal, del Area Pública y forma parte del discurso Confederal.
Nuestras resoluciones congresuales recogen un alegato a que la negociación colectiva, en la que materializamos nuestras reivindicaciones, es también el proceso de participación y movilización para lograr una correlación de fuerzas que permita el avance de nuestras posiciones y propuestas. En definitiva, es también la acción sindical cotidiana que desarrollamos para lograr nuestros objetivos.
 
Esa acción cotidiana se concreta anualmente en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y de las distintas administraciones, intensificando nuestra presencia e intervención institucional, combinándola con las movilizaciones generales y específicas de los colectivos afectados. No olvidando  el sector público empresarial y fundacional, donde están incluidos los Entes Públicos, afectados también por las decisiones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sin olvidar a las personas trabajadoras que prestan sus servicios bajo las distintas fórmulas de contratación administrativa o convenios en el marco público/privada.
 
El "Acuerdo para la mejora del empleo público" firmado el 29 de marzo de 2017 suponía la primera negociación real con el Ministerio de Hacienda y Función Pública desde 2010 y era un primer paso, bajo compromiso de proseguir la negociación del total de nuestras reivindicaciones en los años siguientes, por lo que debemos continuar durante la tramitación de los presupuestos de 2018 como primera oportunidad.
El Area Pública de CCOO se compromete a llevar a cabo una Campaña en Defensa de los Servicios Públicos, acompañada de un proceso sostenido en el tiempo de movilización, entre otros, para la recuperación de salarios y empleo público;  plan de estabilización, reducción de la temporalidad, recuperación del empleo perdido, reversión de servicios públicos, derecho a la negociación colectiva en todos sus ámbitos, planes de igualdad y medidas de acción positiva, así como el resto de derechos perdidos de las empleada y empleados públicos en los últimos años.
Gracias a la presión sindical de CCOO, y la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que impone la obligación de dar un trato de igualdad a las personas  trabajadoras interinas o temporales que prestan sus servicios en las Administraciones Públicas, el 29 de marzo de 2017 se firmó el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, donde entre otras medidas, se habla de la convocatoria de ofertas excepcionales de empleo, o lo que es lo mismo establecer un proceso de estabilización de las plazas actualmente existentes. Aunque es un importante proceso de estabilización, resulta necesario al mismo tiempo, y así se contempla en el propio Acuerdo, detener la pérdida de empleo público, y para ello, esta oferta excepcional debe ir acompañada de la eliminación de la tasa de reposición para poder recuperar el empleo público perdido en la etapa de crisis.
El Acuerdo no es sólo importante para recuperar empleo público y por tanto ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, sino también por supone un elemento para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres al ser las administraciones, salvo para determinados colectivos, uno de los nichos de empleo femeninos.
Desde CCOO reivindicamos la universalización del proceso, eliminación de las tasas de reposición fijadas en los PGE, de tal forma que las Administraciones, en uso de sus facultades y para el desarrollo de sus competencias, puedan superarlas cuando sus servicios públicos así lo hagan necesario y sus finanzas se lo permitan. De igual manera, hay que definir la calidad y amplitud de los servicios públicos que queremos, adaptando las plantillas necesarias para la prestación de los mismos.
Exigimos la reactivación de todos los espacios negociales en las diferentes Administraciones y desarrollo del EBEP. Es necesario recuperar y mejorar los derechos, en materias tan sensibles como, jornada laboral, imprescindible la recuperación de las 35h, por lo que representa en cuanto a creación de Empleo y derecho a la Conciliación para las y los empleados públicos, 100% complementos por incapacidad temporal (IT), salud laboral, conciliación, planes de igualdad, acción social, etc. devolviendo la plena capacidad de la negociación colectiva y autonomía de la misma en los distintos ámbitos, no utilizando el carácter básico al objeto de limitar competencias, dando margen de actuación en cada ámbito, ya que el carácter básico debe ser una referencia de mínimos.
Igualmente proponemos que se levante la suspensión que pesa sobre acuerdos, pactos o convenios por mandato  de ley, ante la excepcionalidad de la situación económica. Si ha desaparecido la situación excepcional que motivó la suspensión.
Para CCOO es básico el desarrollo del EBEP y el Estatuto Marco. Resulta necesario actualizar la normativa que regula a todos los empleados y empleadas públicas, afrontando aquellas cuestiones pendientes de desarrollar en su momento y que es preciso revisar. 
En materia salarial, analistas de reconocido prestigio anuncian una subida del IPC para el 2017 entorno al 2,2% frente al 1,5% que prevé el Gobierno (IPC 3% enero / IPC 1,5% mayo). La pérdida de poder adquisitivo está precarizando el empleo público y poniendo en riesgo el sistema de prestaciones a la Seguridad Social.
Con las previsiones oficiales de incremento del IPC en 1,5%, los empleados y empleadas públicas perderán medio punto de poder de compra y a medida que nos desviemos de esta previsión, dicha pérdida se incrementaría. Si a esto le sumamos la pérdida del 5% del salario en todo el sector público fruto del reajuste presupuestario establecido por el Gobierno en el 2010, eliminación de complementos en las pagas extras, congelación de conceptos salariales (carrera profesional) as empleadas y empleados públicos son uno de los colectivos más afectados por la pérdida continuada de derechos y salarios.
Por todo ello, desde CCOO consideramos necesario recuperar el salario perdido para el conjunto de empleadas y empleados públicos, con incrementos salariales por encima del IPC real que permita recuperar el poder adquisitivo.
Paralelo a la recuperación de derechos y procesos de estabilización, resulta imprescindible abrir un espacio de negociación en todos los ámbitos (administración del estado, autonómica, local y justicia) para acometer los profundos cambios que ya se están dando en torno a la digitalización y la Administración electrónica. Para ello debe ser obligatorio garantizar la formación, cualificación y reciclaje, en su caso, de las empleadas y empleados públicos ante estas nuevas realidades, con una correcta adaptación a los puestos de trabajo, garantizando la promoción horizontal y vertical que deben ser ejes centrales en estos espacios de negociación. Para ello, es importante negociar el desarrollo normativo de la Formación de los Empleados Públicos, conocido como AFEDAP.
La gestión directa de los servicios públicos esenciales es una apuesta decidida de CCOO como única garantía para que se cumpla el papel de universalidad, equidad, etc. además está demostrado que la prestación directa también es más eficiente económicamente hablando y rebaja el riesgo de corrupción en la administración. Los PGE para 2017 se han utilizado, entre otras medidas, para intentar evitar cualquier proceso de reversión de los servicios públicos privatizados, pero debemos seguir exigiendo, donde sea posible, dicha reversión, fundamentalmente en los servicios más sensibles y esenciales para la ciudadanía, eso si, con las plenas garantías laborales y jurídicas para las personas trabajadoras que vienen prestando estos servicios.
La inversión pública se desploma en el PGE 2017, con un recorte del 20%,  a lo que hay que sumar las ya prácticas habituales de no ejecución del total presupuestado, con lo que debemos exigir que se ejecute el 100%. Esto lo único que provoca son descensos de competitividad de la pequeñas y medianas empresas para las que son vitales las inversiones en infraestructuras de telecomunicación y transporte, y por lo tanto para el empleo en España ya que son las PYMES quienes concentran el mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras en nuestro país.
 
La inversión en I+D+i cae un 12% desde el año 2010, según datos de la OCDE, España invierte un 1,5% de su PIB frente al 2% de media en la UE, lo que nos lleva a pensar que el actual Gobierno no apuesta por un verdadero cambio productivo en nuestro país. Las Universidades y los centros de investigación públicos han visto como desde el 2010 sus partidas presupuestarias no han dejado de caer, sin obviar la pérdida de conocimiento que supone, así como la necesidad de regular sus condiciones laborales y económicas que impida que el personal de investigación tenga que emigrar para tener unas condiciones dignas de empleo. Además de las nefastas consecuencias que tiene para las personas jóvenes y sus familias y para un país envejecido que primero invierte en formar a su población para después expulsar el conocimiento. 
 
 
La falta de inversión y de plantillas adecuadas, así como el incremento de las privatizaciones, ha supuesto desde el año 2010 una pérdida real en la calidad de los servicios públicos. Las ciudadanas y ciudadanos son conscientes de ello cuando acuden a servicios esenciales como la sanidad, la justicia, los servicios sociales, la educación u otros servicios esenciales que hasta el momento pasaban desapercibidos, como las guarderías y ludotecas, los comedores escolares, la prestación de asistencia domiciliaria, la atención a la tercera edad, como la expedición de DNI, trámites tributarios, tramitación de pensiones, etc. Un claro ejemplo, son los tiempos de respuesta de las administraciones que no han dejado de incrementarse desde el 2010 afectando a la calidad del servicio.
 
Del mismo modo desde CCOO exigiremos una especial atención a recuperar y ampliar los servicios sociales, especialmente todo lo vinculado a la atención a las mujeres, víctimas de violencia de género y desarrollo de medidas de protección en los distintos servicios, protección civil, justicia, seguridad ciudadana, servicios locales de información a las mujeres o institutos de la mujer.
 
Si bien es verdad que ciertos trámites se han agilizado a través de la Administración electrónica, cuya implantación también presenta deficiencias, el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de empleo en los distintos servicios públicos ha sido tal, que el deterioro de los mismos es claramente percibido por la ciudadanía y sufrido en carnes propias por las empleadas y empleados públicos.
 
Acercar la administración a la ciudadanía es la prioridad de CCOO a la vez que defender los derechos de las empleadas y empleados públicos. Recuperar sus derechos, entre otros también, derecho al traslado y promoción profesional, cuidando especialmente la formación a lo largo de la vida laboral, así como y facilitar la movilidad interadministración.
 
Por todo ello desde CCOO exigimos asegurar las sostenibilidad mediante una financiación, estable y suficiente de todos los Servicios Públicos, prestando especial atención a la sanidad, enseñanza, servicios sociales y dependencia, justicia, ciclo integral del agua, pero también para un correcto desarrollo de la administración electrónica, cuerpos de  seguridad, protección y vigilancia del medio ambiente, bomberos, seguridad social, servicios públicos de empleo, gestión asistencial y prestaciones, dni, etc., así como el resto de la administración. De igual forma reivindicamos un aumento importante en el capítulo de inversiones, para acometer las mejoras necesarias en  materia de infraestructuras ferroviarias, de carreteras, de puertos y aeropuertos, aguas, entre otras, que resultan esenciales para una mejor cohesión territorial y aumento de la competitividad.

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sábado 9 de septiembre de 2017

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